(Castellano) Fondos Buitre y la ONU

ORIGINAL LANGUAGES, 8 Sep 2014

Daniel Kostzer -TeleSur

Argentina seguirá abogando por una salida justa en caso de los buitre. EFE

¿Por qué a las Naciones Unidas les incumbe el fallo del juez Griesa que beneficia a los fondos buitre? Algunos de los conocidos de siempre, en tren de ridiculizar al Gobierno en su apelación a la Asamblea General de las Naciones Unidas este mes, se preguntan por qué la ONU debería meterse en este tema, ignorando que la deuda externa ha sido y es una preocupación global al punto de estar incluida entre los denominados ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En el año 2000 la casi totalidad de los países integrantes de las Naciones Unidas firmó los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio, consistentes en una serie de metas e indicadores de las múltiples dimensiones del desarrollo humano, a ser alcanzados o cumplidos en el 2015. Los ODM se dividieron en ocho grupos:

1. La erradicación de la pobreza y el hambre
2. El logro de la educación primaria universal
3. La promoción de la igualdad entre los sexos
4. La reducción de la mortalidad infantil
5. El mejoramiento de la salud materna
6. El combate del Vih/sida y otras enfermedades
7. La sostenibilidad del medioambiente,
8. El fomento a una alianza mundial para el desarrollo.

Cada uno de los objetivos, o dimensiones del desarrollo humano, tiene las denominadas metas, que son la expresión cualitativa del objetivo general. A su vez, en cada meta hay indicadores que vienen a constituir la expresión cuantitativa. Estos últimos, con el objetivo explícito de monitorear la evolución de cada una de las metas en particular y de los objetivos en general. Sin aspirar a detenerse mucho en los ODM, se puede decir, y sin temor a equivocarse, que los mismos alcanzaron tamaño consenso a nivel de la opinión pública y de los ámbitos gubernamentales en todos los niveles de gestión que, salvo en algunas situaciones excepcionales, los avances fueron de notable magnitud. Esto lleva a las Naciones Unidas a pensar en el denominado post-2015, donde se expandirán los objetivos, incluyendo otras dimensiones trascendentales para la vida de las personas.

Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la deuda externa y los fondos buitre? Hay que buscar la respuesta en el Objetivo 8. (En realidad, el 9 en Argentina, ya que nuestro país incluyó el ODM 3 que se refiere al trabajo decente y el pleno empleo, en 2004.)

El ODM 8 fue incluido luego de una gran discusión entre los países centrales y los periféricos, y es el que determina el “Fomento a una alianza mundial para el desarrollo” definido como el marco institucional necesario para poder alcanzar los otros siete ODM. Las metas del mismo se dividieron en cuatro:

Meta 8.A: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio.

Meta 8.B: Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. Incluye el acceso libre de aranceles y cupos de las exportaciones de los países menos adelantados; el programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) y la cancelación de la deuda bilateral oficial, y la concesión de una asistencia oficial para el desarrollo más generosa a los países que hayan expresado su determinación de reducir la pobreza.

Meta 8.C: Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Meta 8.D: Abordar en todas sus dimensiones los problemas de la deuda de los países en de-sarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo.

En este caso, es la meta 8.D la que nos interesa profundizar, que tiene un set de indicadores bastante claros y contundentes, aunque se podría considerar insuficiente, tal como lo manifestó oportunamente la Unctad, otro organismo de la ONU. Los indicadores utilizados para monitorear la sostenibilidad de la deuda fueron rápidamente acordados y, dada su contundencia, y a diferencia de otras dimensiones de los ODM, se mantienen hasta hoy inalterables, lo cual muestra la relevancia de los mismos. Estos son:

–Número total de países que han alcanzado el punto de decisión y número total de países que han alcanzado el punto de culminación en la iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME). –Alivio de la deuda comprometida conforme a la iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados y la iniciativa para el alivio de la deuda multilateral.

Pero como había un número de países de ingresos medios afectados por la deuda, entre ellos Argentina, es que se incluyó un indicador de sustentabilidad que debía mostrar una mejora a lo largo del tiempo, reflejando buenas políticas domésticas, a la vez que un marco internacional de consideración para la recuperación de los países endeudados. El indicador elegido fue: Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios. Como se dijo, éste no es un indicador que cubra todas las dimensiones que hacen a la sustentabilidad de la deuda, pero es lo suficientemente contundente como para poder mostrar la existencia de recursos en moneda dura para servir los compromisos externos.

Precisamente, éste fue uno de los indicadores que también se tuvieron en cuenta para la reprogramación de la deuda argentina luego del colapso implosivo del 2001, que puso en riesgo el propio sistema democrático.

Sin lugar a dudas, el fallo Griesa y la negativa de la Corte Suprema de EE.UU. atenta de manera unilateral contra la sustentabilidad de la deuda externa argentina, como se muestra más arriba. Esto es contrario al espíritu que guió a los 189 países signatarios de la Declaración del Milenio de Septiembre del 2000 y las subsiguientes Asambleas Generales de las Naciones Unidas, donde se fueron reportando los informes de monitoreo, a los que se sumaron todas las instituciones multilaterales que operan en el globo.

Sin dudas, Argentina debe llevar este caso de manera formal al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, así como solicitar que de manera urgente esta organización se aboque a la conformación –tal como se hizo para los tribunales criminales de La Haya, las instancias arbitrales de conflictos limítrofes, asuntos del mar, etc.– de un ámbito para instrumentar las reprogramaciones de deudas soberanas, tal como las empresas privadas tienen en el caso de los concursos de acreedores.

Aunque en principio parezca simplemente un problema económico, el bienestar de millones está afectado. ¿Cómo se podrán alcanzar los otros ODM –reducción de la pobreza, mejoras en la salud y la educación, preservación del medio ambiente– si se cuelga en el cuello de cada recién nacido una hipoteca dictada por una banda de especuladores y un tribunal ignorante?

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Daniel Kostzer es economista.

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