(Castellano) Irak Indemniza a Estados Unidos

ORIGINAL LANGUAGES, 27 Sep 2010

Carlos Sardiña – Periodismo Humano

El Gobierno iraquí ha accedido a pagar 400 millones de dólares a varios ciudadanos estadounidenses que fueron prisioneros del régimen de Saddam Hussein durante la primera guerra del Golfo. Con la firma del acuerdo por parte del embajador estadounidense en Irak, James Jeffrey, culmina la batalla legal que han librado ocho grupos de demandantes durante años. Entre ellos se encuentran el periodista de la CBS Bob Simon y su cámara, que fueron detenidos en la frontera con Kuwait tras la invasión iraquí de 1990, los hijos de dos contratistas estadounidenses y varios civiles que el ejército iraquí utilizó como escudos humanos para detener el posterior ataque estadounidense.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos había desestimado las demandas el año pasado alegando que no se puede responsabilizar al actual Gobierno iraquí de los delitos cometidos por el régimen de Saddam Hussein. La ley estadounidense no permite demandar a un Gobierno extranjero a no ser que esté acusado de fomentar el terrorismo. Ése era el caso del Irak de Saddam Hussein, pero no el del actual. Además, una ley federal aprobada en 2003 restableció la inmunidad del Gobierno irakí en los tribunales estadounidenses.

Pese a todo el Gobierno irakí ha declarado públicamente que el acuerdo supone “un gran logro” y, según su Ministerio de Asuntos Exteriores, resuelve los contenciosos heredados del anterior régimen y es un paso hacia la soberanía total del país, ya que ayudará a que la ONU levante totalmente las sanciones que impuso al país hace dos decenios. Una de las condiciones que había puesto Estados Unidos para abogar en las Naciones Unidas por poner fin a las sanciones era que se resolviera el contencioso de las víctimas de Saddam durante la primera guerra del Golfo.

Hay que recordar que en 1990 la ONU hizo caer sobre Irak el peso del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y le impuso durante años un durísimo régimen de sanciones. Aunque el objetivo de las sanciones y el embargo era debilitar políticamente al régimen de Saddam Hussein, sólo consiguieron estrangular la economía del país y sumirlo en la pobreza más absoluta. Murieron cientos de miles de personas, hasta medio millón de niños entre ellos, como consecuencia del aislamiento económico casi total (sólo aliviado por el programa de “petróleo por alimentos”) al que fue sometido el país . En 1996 un periodista le preguntó a Madeleine Albright, por aquel entonces embajadora de Estados Unidos en la ONU, si creía que valía la pena pagar ese precio por los avances políticos obtenidos, a lo que ella respondió: “es una decisión muy difícil, pero creemos que vale la pena pagar ese precio”.

Aunque la invasión estadounidense de 2003 puso fin al embargo, Irak todavía se encuentra sometido al Capítulo VII de la Carta, lo que incluye el pago de reparaciones de guerra a Kuwait y la obligación de destinar el 5 por ciento de los ingresos que obtiene del petróleo a un fondo de reparaciones administrado por la ONU. Irak aún debe 25 mil millones de dólares a Kuwait en concepto de indemnización, una cantidad de dinero enorme para un país devastado que se enfrenta a una larga y dura reconstrucción.

Indignación entre la población iraquí

Como no podía ser de otra manera, la decisión del Gobierno iraquí ha suscitado una enorme indignación entre la población que ha sufrido y sigue sufriendo una guerra que dura ya siete años y ha destruido el país. Lo más sangrante es que los iraquíes no tienen posibilidad alguna de exigir un mínimo de justicia en Estados Unidos por su responsabilidad en una tragedia mucha mayor que los daños sufridos por varios centenares de estadounidenses hace dos decenios ni a pedir el mismo tipo de compensaciones a las fuerzas de ocupación.

Las víctimas iraquíes del ejército estadounidense no pueden emprender ninguna acción legal contra Estados Unidos porque las leyes federales estadounidenses se lo impiden (esa es la razón por la que un grupo de víctimas de la brutal ofensiva de Faluya de 2004 decidió demandar este año al ejército británico, y no al estadounidense). Además, según el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) firmado por Estados Unidos e Irak en 2008 para organizar la retirada de las tropas, los soldados y funcionarios estadounidenses tiene inmunidad ante la ley iraquí cuando se encuentren en recintos pertenecientes Estados Unidos o estén de servicio; es decir, a efectos prácticos, siempre.

Por otro lado, Estados Unidos mantiene un fondo para pagar indemnizaciones a las familias de civiles inocentes durante operaciones de su ejército, pero el Congreso estadounidense ha pedido que el Gobierno iraquí se ocupe pronto del pago de las compensaciones. Según USAID, el programa de indemnizaciones ha recibido unos 50 millones de dólares de dólares desde 2005 y ha ayudado a más de cinco mil personas en todo Irak. Aparte de ese fondo, el ejército estadounidense ha distribuido 115 millones de dólares directamente a las víctimas. Es decir, en los cinco últimos años Estados Unidos no ha pagado por las víctimas mortales civiles iraquíes que reconoce como tales ni la mitad del dinero que va a entregar el actual Gobierno iraquí a un número mucho menor de víctimas estadounidenses no mortales por una breve guerra que tuvo lugar hace 20 años y de la que no es responsable.

Mientras tanto, un par de días antes de que se difundiera la noticia del pago de las indemnizaciones por parte del Gobierno iraquí, un tribunal de apelaciones estadounidense dictaminaba que los prisioneros de la CIA detenidos y torturados en prisiones secretas de todo el mundo no pueden demandar a sus verdugos porque eso podría hacer que saliera a la luz información secreta del Gobierno. Una muestra más de excepcionalismo estadounidense. Poco antes de ser nombrado presidente, le preguntaron a Barack Obama si estaba dispuesto a nombrar a un fiscal especial que investigara los delitos de la administración Bush, a lo que respondió que lo que Estados Unidos necesitaba era “mirar hacia delante y no hacia atrás”. Ahora ese mismo Gobierno que se niega a afrontar su pasado más reciente obliga al pueblo iraquí a seguir pagando por uno mucho más lejano.

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